28 de marzo de 2024

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Mayor del Ejército en Caso Coral cobraba en dos nóminas RD$250 mil y realizó transacciones por RD$122 millones

El coimputado en el caso “Operación Coral, mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, del Ejército de la República, se desempeñaba como programador de nóminas en dicha institución, bajo la dirección del también encartado  Rafael Núñez de Aza,  y, a la vez, era director de Tecnología en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) con un salario mensual de RD$250,000.00.

Así lo establece el expediente acusatorio elaborado por el Ministerio Público contra los imputados en la referida operación, donde establece que dichos pagos, que califica como irregulares, eran realizados a Girón Jiménez en pagos divididos en dos cuentas bancarias distintas del Banco de Reservas, en donde le pagaban RD$180 mil pesos; y en otra, RD$70 mil pesos, transferencias “totalmente irregulares que violentan la escala institucional, ya que el jefe de esa institución devenga un salario mensual de RD$100 mil pesos”.

Girón Jiménez está tipificado por el Ministerio Público de testaferro y presta nombre, y de tener registrado 12 inmuebles por un valor total RD$63,470,770.63.

Según los reportes financieros del Ministerio Público, contenido en la acusación de 195 páginas y seis imputados, Girón Jiménez movilizó grandes sumas de dinero en efectivo, además de poseer cantidades de bienes muebles e inmuebles, sin una base o trayectoria sólida de solvencia económica.

Además de pertenecer al Ejército, el imputado Girón Jiménez se encuentra asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), en donde se desempeña aún como Director de Tecnología y Comunicaciones, siendo anteriormente ayudante de nómina, bajo la supervisión del imputado Rafael Núñez de Aza.

En el Cestur, según el expediente, posee un salario de RD$69,917,06 mensuales.

Asimismo, indica que el imputado realizaba compras de inmuebles a nombre propio, suscribía préstamos ficticios a miembros del entramado, como es el caso de la imputada Rossy Maybelline Guzmán, quien declara en el interrogatorio realizado por el Ministerio Público haber recibido de manos de este la suma de RD$7,634,231.40, a nombre de Único Real State e Inversiones, para la supuesta compra de un inmueble en el condominio Balcones del Atlántico, Las Terrenas, provincia Samaná.

Destaca el Ministerio Publico en su acusación contra Girón Jiménez y cinco imputados más, que en los registros bancarios este tiene 123 reportes de transacciones, que RD$$122,791,849.62, durante los años 2010-2020.

Señala que en el 2014, el imputado presentó aumento en sus transacciones en más del 500% en relación con el año 2013, decreciendo significativamente para el año 2016 con una diferencia  de RD$$30,397,173.61), entre el año 2014 al 2016.

Agrega que en el mismo año 2014 se movilizó la suma de RD$ 44,787,930.10 en 43 operaciones, en el cual se destaca “depósitos en efectivos”, en un periodo entre 1 a 15 días promedio, reflejando movimientos por montos que fluctuaban entre RD$$300,000.00 a RD$$3,000,000.00) por transacción.

De igual forma, añade, este realizaba constantes depósitos en efectivo a empresas relacionadas al mismo entramado delictivo como son Randa Internacional EIRL, propiedad de Rafael Núñez de Aza, a Único Real State e Inversiones SRL, Shalom Tierra de Paz, ambas relacionada a los imputados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora y Tañer Flete Guzmán), y a las cuentas personales de los coimputados Rossy Guzmán (a) La Pastora y Rafael Núñez de Aza.

El imputado Girón Jiménez, quien de acuerdo al Ministerio Publico forma parte del entramado policial-militar, societario y religiosos, incrementó su patrimonio de manera injustificadamente.

¿Quiénes son las personas físicas objeto de la presente imputación?

Junto a Alejandro Girón Jiménez Girón Jiménez, se encuentran Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez De Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, quienes se encuentran bajo arresto esperando conocerles medidas de coerción el viernes 30 de abril.

Afirma el Ministerio Publico que los seis imputados se constituyeron en una organización criminal que realizó cientos de operaciones ilícitas en el periodo comprendido entre agosto del 2012 a agosto del 2020 y que incluso en la actualizada sigue haciendo operaciones en instituciones del Estado a través, de la colocación estratégica de personas que pertenecen a la red que le responden no solo en acciones de distracción y no menos graves, maniobrando para evitar que evidencias importantes para la investigaciones que realiza el Ministerio Público lleguen a sus manos.