El presidente Joe Biden tiene previsto firmar hoy una Órden Ejecutiva para apoyar al sector industrial de EE UU y sus trabajadores locales. El presidente dará el mandato de que las compras que el Gobierno federal haga con un presupuesto anual que ronda los $600,000 millones sea por bienes hechos en EE UU, y no meramente ensamblados en el país sino con componentes (al menos en un porcentaje) hecho en el país.
La Órden se enmarca en una serie de medidas para proteger a la industria y la clase media del país e incluye un apoyo específico al Jones Act, una legislación de 1920 que es responsable de los altos precios que paga Puerto Rico por todo lo que llega a la isla en un barco.
La Jones Act obliga a que los barcos que transportan bienes y pasajeros entre dos puertos del país tengan que estar construidos en EEUU, sean propiedad mayoritaria ciudadanos americanos, estén tripulados por americanos que naveguen bajo la bandera de las barras y las estrellas.
Para los habitantes de Puerto Rico, y los de islas como Hawaii, el impacto de esta legislación es enorme porque elimina la competencia global para un transporte de bienes que es sobre todo marítimo y como resultado se encarecen mucho los productos que son de uso regular. Los precios son más altos que en Florida, en Texas o que en otras islas del Caribe.
La intención de la ley fue proteger a la industria naviera americana, que pese a todo no es más competitiva que la asiática por ejemplo.
Pese al fuerte impacto negativo en Puerto Rico, la nueva Administración mantiene su apoyo a una ley que fue suspendida temporalmente por la anterior presidencia tras el huracán María pero que no se amplió tras su vencimiento en octubre de 2017.
Oficiales de la Administración reiteraban su visión de que la economía está en un momento “precario” y que esta es una acción que se toma para apostar por la industria del país, salarios más altos, la clase media que ahora está en riesgo y el desarrollo medioambiental.
La ley federal require que el Gobierno y sus agencias den preferencia a las empresas americanas a la hora de hacer contratos pero no siempre a ocurrido y desde 1954 no se han actualizado los requerimientos. Ahora, Biden, con la Órden Ejecutiva demanda a las agencias que cierren todos los agujeros legales en lo que respecta a la medida de contenido doméstico en un producto y eleva el umbral del porcentaje de componentes hechos en América que necesita un producto para considerarse como tal.
La Administración va a designar a una figura dentro de la Oficina de la presidencia encargado de la gestión de programa Made in America y creara una dirección dentro de la Oficina de Gestión del Presupuesto (OMB) para supervisar la aplicación de esta orden.
Adicionalmente se revisaran las excepciones para evitar que haya muchos y de hecho termine por no aplicarse de forma efectiva este mandato. Las excepciones relevantes se harán pública en una página web.
Las agencias y departamentos presentarán un informe sobre la implementación de estas políticas, y harán recomendaciones para avanzar y asegurar que se cumple con con los objetivos.
Desde la Administración se reconce que Trump tomó medidas para proteger la a industria pero se explica que no han tenido ningún resultado.
